La campaña anti-CICIG: hasta dónde llega su impacto

La campaña contra la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (Cicig) y el comisionado Iván Velásquez desatada a finales de agosto, cuando el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata al comisionado e intentó sin éxito expulsarlo del país, mantiene en suspenso a la ciudadanía.

Por Jo Marie Burt y Paulo Estrada (Publicado en Plaza Pública)

El presidente ha retrocedido en su intento de expulsar a Velásquez, pero mantiene una dura crítica a la labor de la Cicig bajo su jefatura. Según varios analistas, ello se debe a que la Cicig «les tocó el alma a las estructuras criminales».

Ante la coyuntura, nos parece importante preguntar qué importancia ha tenido la Cicig en la persecución penal de casos de graves violaciones de derechos humanos en Guatemala y qué implicaciones tiene la campaña anti-Cicig para la lucha contra la impunidad en dichos casos.

Si bien el mandato de la comisión le impide a esta investigar casos relacionados con el conflicto armado interno, creemos que los cambios estructurales que ha ayudado a impulsar en el sector justicia y los que esto ha generado en las expectativas de la sociedad han sido fundamentales para la lucha contra la impunidad en los casos mencionados. Consideramos que la Cicig ha sido importante, de manera indirecta, en el proceso de lucha contra la impunidad en Guatemala por lo menos de tres formas.

Primero, la Cicig ayudó a establecer nuevos procedimientos de elección de magistrados y de fiscal general que contribuyeron a fortalecer la independencia del sistema de justicia y el Estado de derecho en Guatemala. Mediante estos procedimientos se llegó a elegir a dos fiscales generales independientes y altamente profesionales: Claudia Paz y Paz, que ostentó el cargo de 2010 a mayo de 2014, y su sucesora, Thelma Aldana, ambas dedicadas a combatir la impunidad para crímenes de alto impacto, incluyendo casos de graves violaciones de derechos humanos vinculados al conflicto armado interno.

Segundo, a través de asesoría y apoyo técnico, la Cicig ha fortalecido la independencia del Ministerio Público (MP) y su capacidad de desarrollar investigaciones en casos complejos. Como parte de la ley que le dio vida a la Cicig, se estableció la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dentro del MP. La Cicig y el MP han colaborado en el establecimiento y la priorización de estrategias que fortalezcan la investigación y la persecución penal en casos de corrupción y de crimen organizado. A su vez, por medio de la FECI, la Cicig y el MP han desarrollado investigaciones conjuntas en casos complejos. Otras reformas dentro del MP incluyen la creación de la unidad de análisis que colabora en investigaciones complejas, la creación de una unidad de investigación policial especializada en investigación criminal, el fortalecimiento de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, integrada por fiscales y policías, y la creación de la Plataforma de Información Policial. Este traslado de capacidades ha fortalecido la labor de los fiscales y ha dotado de mayor independencia al MP.

Otros mecanismos de fortalecimiento institucional incluyen el desarrollo de unidades especiales enfocadas en determinados tipos de delitos. La Unidad de Derechos Humanos está dividida en siete subunidades, una de las cuales está dedicada a los casos del conflicto armado interno, lo cual permite la especialización en la investigación. La Cicig también trabajó con el MP para crear programas de protección efectivos para víctimas y testigos. Esto ha sido particularmente importante para los casos de derechos humanos en los cuales las víctimas aún temen hablar de los abusos a que ellos y sus familiares fueron sujetos.

Un tribunal de alto impacto conoció la primera y única acusación nacional de un exjefe de Estado por genocidio.

Este fortalecimiento institucional ha ayudado a profesionalizar el MP y dotarlo de nuevas herramientas y de la capacidad para llevar a cabo investigaciones más sólidas, que comienzan a caer sobre las principales estructuras de corrupción y de crimen organizado de Guatemala. Este proceso de profesionalización ha tenido repercusiones en la investigación de casos de graves crímenes contra los derechos humanos. En el pasado han sido las mismas víctimas y las organizaciones que las apoyan las que han investigado los casos. Hoy en día, el MP está liderando la investigación de nuevos casos de delitos graves. La detención de 18 militares retirados relacionados con los casos Creompaz y Molina Theissen el 6 de enero de 2016 es un ejemplo clave de ello.

Tercero, la Cicig propuso la creación de un sistema judicial centralizado de alto impacto para la asignación de casos especialmente sensibles por su vinculación al crimen organizado, pues así se les proveería mayor protección a magistrados, testigos y abogados litigantes en tales casos. Los juzgados y tribunales de alto riesgo están ubicados en la ciudad de Guatemala, pero tienen jurisdicción a nivel nacional. Desde su creación en 2009, el sistema de alto impacto ha juzgado varios casos complejos de crimen organizado, corrupción y graves violaciones de derechos humanos. Con mayor seguridad, los jueces y las juezas tienen mayor libertad para ejercer su labor con independencia. Y con su labor se ha generado un nuevo sentimiento de confianza ciudadana en las instituciones jurídicas y en el Estado de derecho.

Un tribunal de alto impacto conoció la primera y única acusación nacional de un exjefe de Estado por genocidio. En 2013, el Tribunal de Alto Riesgo A, presidido por la jueza Yassmin Barrios, encontró culpable de genocidio y de delitos contra deberes de humanidad a Efraín Ríos Montt y lo condenó a 80 años de prisión (pese a que una resolución de la Corte de Constitucionalidad fuertemente cuestionada retrotrajo el proceso y dejó la sentencia sin efecto, por lo que varias organizaciones de derechos humanos han solicitado una investigación contra los tres magistrados que firmaron tal resolución). Otros casos de graves violaciones de derechos humanos han sido designados a tribunales de alto impacto, incluyendo el de la masacre en la Embajada de España, que culminó con la condena del exdirector de la Policía Nacional, y el de violencia sexual y esclavitud sexual en Sepur Zarco, que terminó con una condena a dos militares en 2016.

Al ayudar a Guatemala a enfrentar problemas estructurales en el sector justicia, la Cicig ha contribuido significativamente al avance de la justicia…

Actualmente son varios los casos de derechos humanos asignados a los tribunales de alto impacto. Entre ellos, el caso Creompaz, en el que ocho militares retirados esperan juicio por la desaparición forzada de 565 personas entre 1981 y 1988. En ellos también se encuentra el caso Molina Theissen, relacionado con la detención ilegal, la tortura y la violación sexual de Emma Molina Theissen y la desaparición forzada de su hermano de 14 años, Marco Antonio, en 1981. En dichos tribunales también están dos casos contra Ríos Montt: el del genocidio ixil (se anunció hace unos días que se reanudaría el 13 de octubre) y el de la masacre de 200 personas en Las Dos Erres en diciembre de 1982. El exkaibil Santos López Alonso, deportado de Estados Unidos el pasado agosto, también espera el inicio del juicio por la masacre de Las Dos Erres. Algunos retrasos en la fase intermedia que no permiten el paso a la fase de juicio han frustrado a los familiares y a los fiscales y han evidenciado que la impunidad sistémica que por tantas décadas ha obstruido la justicia en casos graves aún no ha sido erradicada.

Por décadas, la impunidad estructural rampante en Guatemala ha impedido la prevalencia de la justicia en casos de crímenes graves. Al ayudar a Guatemala a enfrentar problemas estructurales en el sector justicia, la Cicig ha contribuido significativamente al avance de la justicia 30 años después. No solo en profesionalizar a las instituciones de justicia y en ayudar a fortalecer la independencia judicial, sino también en generar mayores expectativas en la ciudadanía en cuanto a la posibilidad de ganar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Carlos Figueroa Ibarra ha calificado esto como una «nueva subjetividad ciudadana», que incorpora no solo a las clases medias urbanas, sino también a los sectores rurales campesinos, y que se manifiesta en «cero tolerancia a la corrupción, particularmente a la de la clase política y a la del Estado». Desde las manifestaciones contra la corrupción en 2015 hasta las últimas protestas contra las leyes proimpunidad impulsadas por el Congreso, esa subjetividad ciudadana demanda transparencia en el gobierno y en el manejo de la cosa pública. Demanda la democratización real de las instituciones y del comportamiento de quienes pretenden ser sus representantes.

Es evidente que aún queda mucho por hacer. La persecución penal de los casos de graves violaciones de derechos humanos ha ayudado a desvelar que, en muchos casos, los acusados por estos crímenes también lo son de participar en las redes de corrupción y de crimen organizado. Entre los detenidos que actualmente esperan juicio hay personas implicadas en el crimen organizado, como el militar retirado Manuel Callejas y Callejas, a quien elPeriódico se refiere como «el capo de capos» por su supuesta participación en la red de contrabando de Moreno y en la estructura criminal conocida como la Cofradía. Callejas espera juicio en el caso Molina Theissen. Édgar Justino Ovalle, diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN) y el asesor más cercano de Jimmy Morales, se escapó a inicios de año, justo cuando la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad para ser investigado en el caso Creompaz. Ovalle sigue fugitivo.

Tales desafíos explican la situación que se vive en Guatemala, en las cortes y en las plazas, donde la ciudadanía demanda el fin de la corrupción y, tras bambalinas, algunos sectores intentan negociar la continuidad de la impunidad. Que la Cicig permanezca o no bien puede significar la diferencia entre que los casos de crímenes graves continúen avanzando o que el oscurantismo vuelva a imponerse.